Repudio ante agresiones políticas

Un nuevo episodio de amedrentamiento por razones políticas se vivió a comienzos de esta semana, cuando un grupo de ciclistas se dirigió hasta el domicilio de uno de los fundadores y presidente del partido en formación Amarillos, donde se produjeron rayados además de insultos de grueso calibre. El mismo grupo también vandalizó las sedes de los partidos Radical, Comunista y UDI, además de intentar causar desmanes en un canal de televisión. Los ciclistas, conforme el tenor de sus rayados y carteles desplegados, evidencian ser contrarios a la forma como se han llevado a cabo las negociaciones para el nuevo proceso constituyente.

La agresión de la que fue objeto el dirigente de Amarillos ha sido objeto de un repudio transversal, donde se ha hecho ver que las discrepancias políticas de ninguna manera pueden justificar agresiones de este tipo, que no son sino una forma de acallar voces que resultan incómodas para ciertos sectores antidemocráticos. El gobierno, por su parte, señaló que estos hechos son lamentables y condenables.

Es una señal acertada que las principales fuerzas políticas y el sentir mayoritario repugne hechos de esta naturaleza, que además de ser muy violentos para quienes los padecen -así como para los vecinos, que también ven amenazada su integridad-, constituyen una amenaza directa para la convivencia. Pero las condenas y expresiones de repudio no bastan. Es necesario ir más allá y hacer efectivas las responsabilidades de quienes una y otra vez se sienten con el derecho de recurrir a este tipo de agresiones con fines políticos, aparentemente en total impunidad. En este reciente episodio, pese a que el grupo de ciclistas estaba compuesto por decenas de personas, apenas un puñado fue tomado detenido.

El fenómeno de los ataques en masa se intenta presentar muchas veces como “funas”, pero esta denominación resulta equívoca, ya que constituyen en realidad amenazas físicas directas que no cabe minimizar o relativizar. Este tipo de agresiones -que son llevadas a cabo generalmente por grupos organizados- peligrosamente se ha ido masificando el último tiempo, sin que se vean medidas enérgicas por parte de la autoridad para neutralizarlas. Los amedrentamientos en los domicilios por parte de grupos de ciclistas no son a estas alturas situaciones excepcionales, y en paralelo también comienzan a multiplicarse acciones de grupos que, supuestamente ejerciendo su derecho a la protesta, encaran violentamente a autoridades o dirigentes políticos, incluso con agresiones físicas.

Es un grave riesgo que prácticas de este tipo comiencen a naturalizarse, porque con ello se afecta un aspecto esencial de la convivencia civilizada y del quehacer democrático, que es poder expresarse sin temor a represalias. Cuando garantías esenciales se ven quebrantadas el Estado debe poner toda su fuerza para sancionar a los responsables y desincentivar que hechos así continúen ocurriendo, sobre todo porque los niveles de violencia se van incrementando con el tiempo. Este nuevo episodio es un llamado de atención que no debe ser desatendido.